Una factura enviada a otra empresa no puede quedar abierta indefinidamente porque el cliente haya impuesto sus propias condiciones de pago. La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad fija reglas concretas para las operaciones comerciales entre empresas y profesionales y permite reclamar intereses cuando se supera el plazo legal o pactado.
El texto consolidado publicado por el BOE establece, con carácter general, un plazo de 30 días naturales cuando las partes no han pactado otro. Si existe acuerdo, el plazo no puede superar los 60 días naturales.
El plazo por defecto es de 30 días
Si no se ha fijado una fecha distinta, el cómputo comienza después de que el deudor reciba la factura o, en determinados supuestos, desde la recepción de los bienes o la prestación del servicio. Cuando existe un procedimiento de aceptación o comprobación, también hay límites para evitar que ese trámite alargue indefinidamente el pago.
Para reducir discusiones conviene que presupuesto, pedido, entrega y factura compartan fechas y referencias. Esta guía sobre cómo conectar presupuesto, pedido y factura explica por qué la trazabilidad documental facilita después una reclamación.
El pacto entre empresas no puede llevar el pago más allá de 60 días
La normativa permite acordar un plazo distinto al de 30 días, pero establece un límite máximo de 60 días naturales. Una cláusula contractual que intente desplazar sistemáticamente el pago más allá de ese marco puede ser problemática desde el punto de vista de la normativa de morosidad.
El interés de demora nace automáticamente
Cuando el deudor incumple el plazo y el acreedor ha cumplido sus obligaciones, la ley prevé el devengo de intereses de demora sin necesidad de enviar previamente un requerimiento formal para que nazca ese derecho. Otra cuestión es la estrategia comercial o judicial que la empresa decida seguir para recuperar el importe.
Antes de que la deuda envejezca, conviene separar facturas próximas a vencer de las ya vencidas. En esta guía sobre facturas vencidas explicamos cómo ordenar saldos, pagos parciales y prioridades de seguimiento.
También pueden reclamarse costes de cobro
La Ley 3/2004 reconoce al acreedor una cantidad fija vinculada a los costes de cobro y permite reclamar gastos adicionales acreditados cuando superan esa cuantía. Para una pyme, registrar comunicaciones, vencimientos y actuaciones de reclamación evita depender de reconstrucciones posteriores.
La morosidad es un problema de tesorería, no solo jurídico
Una empresa puede ser rentable y quedarse sin liquidez si cobra tarde. Por eso resulta útil incorporar cada vencimiento a una previsión de tesorería a corto plazo y no contar una venta como dinero disponible hasta que el cobro se produce.
El problema gana importancia en un momento en que las empresas siguen aumentando ventas: la AEAT sitúa el crecimiento de las ventas empresariales en el 10,3%. Un aumento de facturación acompañado de más días de cobro puede empeorar la posición financiera.
La factura electrónica dará más trazabilidad al pago
El futuro marco B2B incorpora obligaciones relacionadas con el estado de las facturas. BlackHold News ya ha analizado el plazo para comunicar el pago en la factura electrónica y las diferencias entre factura electrónica y VERI*FACTU.
En la práctica, una política de cobro profesional debería fijar condiciones antes de empezar el trabajo, emitir la factura sin retraso, registrar la fecha de vencimiento, hacer seguimiento antes de que la deuda envejezca y documentar cualquier reclamación posterior.
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