El Real Decreto-ley 31/2026 introduce una nueva regla para calcular la base reguladora de la incapacidad temporal de los trabajadores autónomos. Con carácter general, se tomará la base de cotización correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante y se dividirá entre treinta.
Qué significa la nueva referencia temporal
La norma desplaza la referencia respecto de una lectura intuitiva del “mes anterior”. Si una baja comienza en noviembre, la regla general lleva a mirar la base correspondiente a septiembre. Este detalle puede ser relevante para autónomos que hayan modificado recientemente su base dentro de los periodos permitidos.
Qué ocurre si el alta es reciente
Si el autónomo se dio de alta en el mismo mes de la baja médica, se aplicará la base correspondiente a ese mes. Si el alta se produjo en el mes anterior a la baja, el cálculo utilizará la base de cotización de ese mes inmediatamente anterior. La norma evita así que una persona recién incorporada al RETA quede sin una referencia válida.
La prestación no se regulariza después como un mes ordinario
La reforma se conecta con otro cambio publicado hoy: determinadas bases utilizadas para prestaciones adquieren carácter definitivo y quedan fuera de la regularización anual por rendimientos. Para un autónomo, esto hace especialmente importante revisar qué base se utilizó para calcular la prestación y en qué meses queda consolidada.
Qué conviene revisar
Quien esté de baja o haya sufrido una incapacidad temporal reciente debería comprobar la base que figura en la resolución y contrastarla con su historial de cotización. Si ha cambiado de tramo o de base poco antes de la baja, el efecto de la nueva referencia temporal puede ser significativo.
La regla está recogida en el Real Decreto-ley 31/2026 publicado en el BOE.
Aplicación práctica
La reforma exige revisar procedimientos y sistemas de gestión. BlackHold News mantiene recursos específicos para empresas, autónomos, fiscalidad, economía, ciberseguridad y tecnología. Para evitar errores, asesorías y departamentos de personal deberían documentar la fecha de entrada en vigor y verificar cómo traslada la Seguridad Social cada novedad a sus sistemas.
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